Consultado sobre el hecho, el secretario general de la ONAC, Gabino Medina, explicó que la comisión de sin tierra en cuestión no está afiliada a la organización, pero aclara la existencia de una buena relación por estar cerca de una colonia campesina. “La tierra reivindicada por las familias sin tierra se halla ubicada al lado de la Colonia 1º de Mayo, base de la ONAC. Entonces, por esta razón existe una buena relación entre la comisión y nuestra organización. El departamento de Amambay, es una zona bastante conflictiva, donde la ONAC es la única organización campesina con presencia efectiva” declaró.
Sobre la tierra reivindicada por las familias agricultoras, afirma que se trata de una tierra propiedad del Estado paraguayo. “La comisión sin tierra está reivindicando una tierra perteneciente al BCP también pretendida por el supuesto autor del crimen. El BCP es una institución estatal, por lo tanto, la tierra pertenece al Estado. Además, existe una resolución dictada por el directorio del BCP que transfiere la propiedad al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para destinar a la Reforma Agraria. Esta cuestión es muy importante aclarar, ya que el Estatuto Agrario taxativamente señala quienes son las personas beneficiarias de las tierras del Estado. Uno de los requisitos principal es que debe dedicarse directa y habitualmente a la agricultura, como actividad económica principal”, subrayó.
Indica que esta situación ocurre por la falta de interés de las autoridades de buscar solución a la problemática de las tierras mal habidas. “La perdida de una vida humana se pudo haber evitado si las autoridades demostraban un poquito de interés para dar solución al problema. Si hay voluntad, para el Estado es fácil resolver esta clase de conflictos, antes de llegar a un nivel tan extremo”, puntualizó.
Agrega que la expresión tierras mal habidas es utilizada para referirse a tierras del Estado que están en poder o fueron adjudicadas a personas no sujetos de la Reforma Agraria. “Durante la dictadura stronista, 7.800.000 hectáreas de tierras del Estado fueron adjudicadas a personas leales al régimen dictatorial no sujeto de la Reforma Agraria, entre empresarios, militares y policiales. En la era de la democracia, la corrupción y la impunidad fueron las responsables de permitir las repartijas de tierras públicas. Las tierras pertenecientes al Estado están fuera del mercado, no pueden ser adquiridas por personas no sujetos de la Reforma Agraria”, recalcó.
Fuente: https://coprofam.org/