Sin orden judicial y fuera de su jurisdicción, la fiscal Sandra Ledesma encabezó un operativo de desalojo con fuerzas policiales en la comunidad María la Esperanza, el pasado 11 de noviembre.

Campesinos de la Organización de Lucha por la Tierra denunciaron el actuar ilegal del Ministerio Público y las fuerzas policiales, ya que, aseguran, existe en la actualidad un juicio oral en proceso con respecto a la tenencia de las tierras en cuestión.

El abogado Carlos Caballero, asesor jurídico de la organización, menciona que los títulos de las tierras, reclamados por la familia Ascencio, de la Ganadera Santo Domingo, ya fueron anulados por sentencia definitiva en el proceso judicial abierto. Es insólito que una fiscal abra un nuevo proceso, sobre un proceso que está en juicio, más aún sin tener jurisdicción ni tratarse de un delito especializado. Ella mencionó tener un poder para la realización de la intervención, que solo puede ser otorgado por la Fiscal General, pero no lo ha mostrado y mucho menos ha mostrado ninguna orden judicial.

En el procedimiento fueron desalojadas unas 9 familias con 10 años de asentamiento, y también fueron privados de su libertad dos pobladores. Parte de la comunidad María la Esperanza, sin embargo, está asentada en la zona hace 30 años, y desde el año 2012
vienen exigiendo la regularización de unas 2145 hectáreas.

Desde este lunes 15 de noviembre, campesinos y campesinas afectadas, acompañados por organizaciones sociales, comisiones vecinales y autoridades municipales, se manifiestan cerrando el puente sobre el río Tebicuary, del distrito de Tava´i Caazapa.

Exigen la presencia de autoridades nacionales y el esclarecimiento de los hechos.

Exigen el cese de desalojos, teniendo en cuenta que una gran cantidad de asentamientos del Departamento de Caazapá se encuentran actualmente en proceso de regularización.

Fian Paraguay.