El pasado martes 27 de abril, FIAN presentó el informe Plaguicidas en América Latina: Violaciones al derecho a una alimentación y nutrición adecuadas.

Con 108 páginas, la publicación recopila datos e informes sobre los impactos de estas sustancias en Brasil y en otros siete países de América Latina y el Caribe: Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, México y Haití.

El informe muestra cómo los plaguicidas afectan la salud humana y el medio ambiente, y cómo esto impide la plena realización del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas (Dhana). También identifica un patrón en la estrategia corporativa en la región.

Al lanzamiento asistieron el relator especial para Sustancias Tóxicas y Peligrosas de la ONU, Marcos Orellana, y la geógrafa Larissa Bombardi, autora del atlas Geografía del Uso de Plaguicidas en Brasil y Conexiones con la Unión Europea. Se presentaron testimonios sobre comunidades afectadas en Brasil, Haití y Paraguay. La documentación del caso brasileño, en el que se utilizó la fumigación aérea como arma para expulsar a los ocupantes ilegales de las zonas rurales en disputa en Pernambuco, será entregada a Orellana y posiblemente a relatores especiales sobre otros temas.

La mediación recayó en Valéria Burity, de FIAN Brasil, y el informe fue presentado por Juan Carlos Morales González, de FIAN Colombia, y por el investigador Leonardo Melgarejo. Participaron más de 700 personas.

El día 5, el informe tendrá un nuevo momento de difusión global: un seminario en el que FIAN Internacional también presentará los resultados de un estudio sobre experiencias de transición para comunidades y sistemas alimentarios libres de pesticidas.

Impactos múltiples

Los plaguicidas en América Latina parten del concepto del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas (Dhana), consagrado en los tratados internacionales, para mostrar cómo se viola este derecho en la región.

Dhana debe considerarse en sus dos dimensiones: el derecho a no padecer hambre y el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. Este derecho no se limita a una condición biológica. Por tanto, es necesario hablar de todo el proceso alimentario (el conjunto de procesos sociales, económicos y culturales en los que se involucra la alimentación), con el objetivo de que se oriente hacia la promoción de la dignidad humana y garantizando la sostenibilidad socioambiental de este proceso. .

Así, la garantía efectiva de Dhana se relaciona con la garantía, para toda la población, del consumo, por sus propios medios y de manera emancipadora, de alimentos adecuados, saludables, nutritivos y culturalmente aceptables, sin discriminación por razón de raza, etnia. , género, generación o cuestiones económicas y sociales. Los datos y los informes presentados en el informe muestran cómo el uso de estas sustancias afecta todas estas dimensiones de Dhana.

Estado capturado por corporaciones

Los datos e informes presentados por los FIAN muestran que hay una captura del estado por parte de las grandes corporaciones. Hay tolerancia, aquiescencia e incluso el rol de nuestros Estados frente a diferentes formas de violencia que permiten el uso de plaguicidas sin control. Por lo tanto, existe una violación sistemática y deliberada de las obligaciones del Estado con Dhana y los derechos relacionados, priorizando el lucro sobre el respeto a los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la propia democracia. La agenda legislativa y varios cambios regulatorios se están produciendo para favorecer esta situación y los intereses de las empresas.

Por defecto, ha habido un aumento en el uso y comercialización de plaguicidas en la última década. El producto más utilizado es el herbicida glifosato, clasificado como carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc). Este incremento también está asociado al incremento de cultivos genéticamente modificados (GM), en el contexto de la venta de paquetes tecnológicos. Este modelo sigue la simplificación de los hábitos alimentarios y la destrucción de prácticas y conocimientos culturales. Los impactos sobre la salud y el medio ambiente se concentran en países exportadores de commodities (básicamente soja, maíz, algodón y colza) dominados por estas transnacionales.

Violencia y desregulación

La flexibilización de las leyes se ve agravada por la persecución y muerte de activistas, la criminalización de los movimientos sociales, la legalización de los delitos y la supresión de reacciones. Los conflictos de intereses asociados a tales desviaciones de la comunidad científica y política se expresan en la omisión o culpa directa de los organismos encargados de controlar la calidad de los alimentos, los insumos y proteger la salud y el medio ambiente, estableciendo un círculo vicioso en el que se agrava los problemas. se suma a las decisiones que aumentan sus causas.

El uso de plaguicidas prohibidos en la Comunidad Europea crece en nuestra región, donde está registrado que, en la actualidad, al menos un tercio de los productos más vendidos corresponden a plaguicidas de alta peligrosidad, vetados en sus países de origen.

También ha habido un aumento en el número de intoxicaciones combinado con el subregistro de este problema. La información sobre intoxicaciones y altas tasas de enfermedades relacionadas con el uso de plaguicidas, a pesar de la ausencia de espacios para reportar tales casos, es bastante numerosa en prácticamente todos los países participantes en este informe.

En Guatemala, por ejemplo, se registró un registro de residuos de plaguicidas DDT en la leche materna en un volumen 185 veces superior al límite considerado tolerable por la OMS, mientras que en Colombia los plaguicidas representaron el 28,67% de las intoxicaciones químicas en 2014. Estos datos se agravan por ausencia de políticas públicas aplicadas al análisis y seguimiento de residuos de estos principios activos.

Recomendaciones

Plaguicidas en Latinoamérica apunta a los Estados donde se ubican las sedes de las empresas que fabrican estas sustancias como los principales responsables de sus daños. La FIAN identifica serias deficiencias en los mecanismos de derechos humanos universales y regionales al proponer medidas vinculantes para revertir y sancionar el uso creciente de estos productos y sus consecuencias.

La organización defiende que los países de la región establezcan moratorias sobre cultivos modificados genéticamente u otros modelos agroproductivos de plaguicidas altamente exigentes y observen el principio de precaución en cualquier decisión al respecto. El informe enfatiza la necesidad de estructurar mecanismos nacionales de justiciabilidad, reparación, indemnización y no repetición de las violaciones a los derechos de poblaciones, comunidades e individuos. También propone que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos incorpore y aplique el enfoque de obligaciones extraterritoriales al analizar la situación en nuestros países.

Fuente: www.fianbrasil.org.br