Posicionamiento frente al Examen Periódico Universal del Estado paraguayo
Derecho a la alimentación adecuada
El 11% de la población en el Paraguay se encontraba afectada por el hambre en 2018, cantidad muy superior al 5,4% correspondiente al promedio subregional. La incidencia de la subalimentación y la desnutrición se acentúan en la población indígena, incluyendo niñas y niños. El derecho a la alimentación carece de garantías adecuadas en el país: no se cuenta con una ley marco sobre el derecho a la alimentación, ni con un plan o estrategia nacional en la materia, y no se ha establecido una autoridad nacional para el derecho a la alimentación, encargada de la coordinación de la política de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación en el ámbito nacional.
La falta de normas y políticas de protección contra el hambre se evidencia en numerosas situaciones, entre ellas, las crisis alimentarias que afectan a comunidades indígenas, cuando quedan aisladas por eventos climáticos adversos, y no reciben la asistencia alimentaria de emergencia necesaria en forma oportuna.
Derecho a la tierra
El índice Gini sobre concentración de la tierra fue calculado por la FAO en 0,93 para Paraguay, siendo el más alto en el mundo1. Es posible estimar que el índice ascendió a 0,94 conforme a los datos del Censo Agropecuario 20082, empeorando aún más la desigualdad. Actualmente, solo el 6 % de la superficie apta para actividades agropecuarias es cultivada por familias campesinas e indígenas, con lo cual la producción de alimentos para consumo nacional ha disminuido.
La Constitución Nacional de 1992 ordena la implementación de una política de reforma agraria integral, que posibilite la inclusión económica y social de las personas campesinas y desaliente el latifundio. Estos mandatos constitucionales no se han cumplido. A ello se suma un patrón de ejecución de desalojos forzosos de comunidades campesinas, indígenas y periurbanas; y la inexistencia de una jurisdicción que permita resolver los conflictos en materia de tierra agraria, irresolución que acentúa la conflictividad social.
Recomendaciones
* Aprobar una Ley marco sobre el derecho a la alimentación.
* Implementar un Plan/Estrategia nacional en materia de combate al hambre y realización progresiva del derecho a la alimentación.
* Establecer un mecanismo que prevenga y prohíba los desalojos forzosos de comunidades.
* Crear la jurisdicción agroambiental.
* Implementar una política integral de reforma agraria, conforme a los mandatos constitucionales y a los estándares establecidos en instrumentos internacionales, como las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
Equipo FIAN Paraguay, Mayo 2021.
1 Fuente: http://www.fao.org/gender/landrights/es/topic/. Esta cifra correspondía a datos del Censo Agropecuario del año 1991. 2 PNUD Paraguay. Sector rural paraguayo: una visión general para un diálogo informado. Asunción, 2010, p. 58.