Las tierras pertenecían al Instituto de Bienestar Rural (IBR), y por tanto estaban sujetas al Estatuto Agrario, que ordenaba destinarlas a comunidades campesinas.

La permuta se dio a fines de los 60 con la empresa Perfecta S.A., devenida en Agroganadera Pindó. La misma pertenecía a ciudadanos de origen alemán, que se dedicaban a la importación de vehículos y armamento.

La Comisión Vecinal Joajú acciona hace 10 años por su recuperación, alegando el origen espurio de los títulos. Ante la falta de respuesta del INDERT, más de 400 familias se asentaron en el inmueble, y construyeron una importante infraestructura comunitaria.

Escuelas, capillas, pozos artesianos, tendido eléctrico, caminos, casas familiares, chacras y reservas son fruto de la autogestión durante todo este tiempo.

El Senado rechazó el jueves 11 de noviembre un proyecto de Ley de Expropiación a favor de la comunidad campesina, en medio de fuertes presiones del sector terrateniente. Se teme que la situación dé pie a un inminente desalojo de las familias asentadas.

El negocio stronista hubiera rematado el Departamento de Canindeyú por 300 avionetas.